Nota publicada en El Diario de Hoy del 28/9/09
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Más allá de los buques en alta mar y lejos de los estantes donde los clientes le dan la victoria a uno o al otro, dos gigantes atuneros libran una batalla que ha llegado hasta los gobiernos de El Salvador y Costa Rica. Sardimar acusa a Grupo Calvo de usar la estrategia del dumping para quitarle mercado. Calvo se defiende, pero teme que Costa Rica le imponga aranceles que podrían andar cerca del 50% del costo del producto, una medida que lesionaría de gravedad sus actividades comerciales en ese país
En una pequeña sala de reuniones en la Zona Rosa de San Salvador, un hombre con camisa a rayas y corbata tejida pide libertad. Libertad para competir en paz. Libertad para que lo dejen quitarle un trozo del mercado del atún a su archirrival en Costa Rica, Sardimar, el gigante que --precisamente-- quiere sacarlo del jugoso mercado.
El hombre se llama Miguel Ángel Peñalva, español, director de Operaciones de Grupo Calvo en El Salvador . "Pues mira, que de Sardimar no espero nada, salvo que se den cuenta de que hay que buscar a los clientes con calidad y con buenos precios".
Días más tarde, del otro lado de la línea telefónica y con un cordial acento de tico, otro hombre también pide libertad. Libertad para sacar del mercado, por desleales, a sus competidores salvadoreños, mejor dicho a una empresa española "que no sólo tiene los beneficios del subsidio de El Salvador, sino que además tiene los beneficios del Tratado de Libre Comercio". Este hombre se llama Federico Alvarado y es el Gerente General de Sardimar.
Ambos acorazados están envueltos en un pleito legal que comenzó varios meses atrás y que se atizó desde julio pasado, porque la empresa costarricense acusa a Grupo Calvo de no competir limpio. Y por eso le metió una demanda por "dumping", palabrita que implica serios problemas porque significa vender un producto más barato de lo que cuesta producirlo. Es decir, que Calvo vende demasiado barato en Costa Rica con tal de robarle mercado a Sardimar.
Esto está prohibido por la Organización Mundial del Comercio. Las prácticas de "dumping" se consideran anticompetitivas porque se vende más caro en el mercado internacional que en el propio.
La solicitud de investigar a Calvo con el ferviente deseo de que le impongan aranceles para volverle más ardua la competición en el mercado costarricense fue interpuesta ante el Ministerio de Economía de ese país.
Pero Calvo no está solo. El gobierno salvadoreño se metió al ruedo para interceder por la empresa afincada en La Unión y pidió un caso de solución de controversias, el diplomático nombre para una especie de hablemos-ahora-y-tratemos-de-arreglar-las-cosas-antes-de-la-guerra-legal.
Así están las cosas. El momento actual es una situación parecida a esos espacios de tiempo en los que se huele a batalla, en los que se tiene la certeza de que la tranquilidad es sólo la antesala del bombardeo.
DARDOS VAN Y VIENEN
Lo del "dumping" es nuevo en esta contienda entre ambas atuneras. La figura de sospecha llegó después de que Sardimar le pidiera a su gobierno que investigara a los españoles por usar subsidios salvadoreños. Esa fue la primera pelea.
"Es que, mire, evaluamos la situación de los precios en el mercado costarricense y notamos un comportamiento atípico. Cuando ahondamos un poco para ver por qué Calvo podía dar esos precios nos dimos cuenta de que En El Salvador tienen una serie de beneficios que los coloca en una posición ventajosa", dice Alvarado. Se refiere a "que Calvo no paga impuesto de renta, que la planta donde operan se las entregó el Gobierno de El Salvador, no pagan impuestos municipales y cuando entra el TLC no sólo mantienen esos subsidios, sino que quieren acogerse al Tratado como si fuera una empresa salvadoreña cuando operan dentro de una zona franca".
"Mira –responde por su parte Peñalva-- a Sardimar no le interesa que haya competencia ni precios justos. No están acostumbrados a la competencia, nos quieren sacar del mercado y entonces ellos van a poner los precios... tienen miedo de que otro juegue en el partido". Peñalva dice que incluso la "demanda" por subsidio era tan débil que su rival tuvo que retirarla.
"Lo que pasa es que en Costa Rica el tema de investigar por los subsidios era algo nuevo y no hay legislación específica para evaluar eso --arremete Alvarado-- y por eso optamos por pedir que investiguen a Calvo por 'dumping'... pero una vez se aclare eso vamos a retomar el tema de los subsidios... no es que lo vamos a descartar". "Nosotros estamos acostumbrados a competir, pero con las reglas claras... que la cancha esté pareja para todo el mundo", estoca Alvarado.
Y en medio de estas catapultas legales, donde por un lado Calvo aprieta los dientes para que no le apliquen las temidas medidas cautelares y le impongan aranceles que le frenen la exportación de más de 10 millones de latas, y por el otro lado Sardimar también aprieta los puños para que los españoles "no la tengan tan fácil" y sus ventas dejen de caer, las cosas se dirimen en otras instancias que no son las oficinas ni de Peñalva ni de Alvarado.
El asunto ya está entre gobiernos. Y ahí se va a solucionar salvo que los tambores de la guerra hablen demasiado fuerte.
A PELEAR SE HA DICHO
René Salazar es de la idea de que Costa Rica nunca debió haber admitido la demanda por "dumping" contra el Grupo Calvo. Y no sólo eso. Sostiene que contra la atunera española se han cometido tantas arbitrariedades que espera que desistan y todo regrese a la normalidad porque después el asunto podría pasar al tema político.
Y mientras intenta convencer al periodista de que el gobierno salvadoreño pelea esta batalla no porque se trate de Calvo, sino porque es su obligación no permitir que se lleve adelante una investigación que viola los instrumentos legales de la integración centroamericana, explica varios puntos que podrían oler a victoria nacional.
"La autoridad de Costa Rica nunca debió admitir esa solicitud porque para eso se debe requerir información sobre el daño o el impacto que las importaciones (en este caso de Calvo) están generando a la industria (tica); debe demostrarle (Sardimar) que hay daño a la producción nacional por motivo de esas importaciones, que hay impacto en los precios y reducción del mercado", indica Salazar, director de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía de El Salvador.
El funcionario salvadoreño advierte que, incluso, hay otros vicios que en el buen derecho desbaratarían cualquier argumento legal. "Hay errores legales graves como que la documentación le fue notificada a Calvo fuera de los plazos estipulados, se violaron los plazos de la ley... y el problema no sólo es ese, sino que con eso le limitaron la oportunidad de defensa a la empresa. Incluso, algunas notificaciones ni siquiera se las hicieron llegar", señala el Director.
Ese contraataque ya lo presentó El Salvador en la mesa, cuando hace pocas semanas se reunió con sus pares costarricenses en la primera cita para intentar arreglar las cosas por las buenas.
"Ahora estamos esperando el siguiente paso que dé Costa Rica... porque hay otras cosas que se pueden hacer", sostiene Salazar.
Con las cartas lanzadas sobre la mesa Sardimar prepara su contragolpe. En las oficinas de la atunera tica ya analizaron la estrategia salvadoreña. Y la analizaron expertos contratados que han estado envueltos en procesos similares en Chile y Argentina.
Tal vez por eso es que Alvarado se siente seguro cuando dice que "estos expertos han estado en casos muy transparentes y en casos que se han complicado por notificaciones o información incompleta (el argumento salvadoreño para pedir que se caiga el caso), y nos han dicho que no hay omisión o acción que implique una posible nulidad del proceso. Estamos convencidos de que todo está a derecho, en orden y vamos hasta el final", estoca el representante de Sardimar.
Eso de ir hasta el final, con las consecuencias que sean no le mueve los cimientos a la parte salvadoreña.
Salazar, el funcionario de El Salvador, está acostumbrado a estos lances. Por ello es que dice que la pelea está pactada a tres asaltos.
El primer round, la cita inicial, ya se terminó. Se espera lo que diga Costa Rica sobre si continúa o detiene la investigación.
Si la detiene, ahí muere todo. Casi todo, porque Sardimar regresaría con el contraataque del tema de los subsidios.
Si Costa Rica decide avanzar en el tema, El Salvador ya tiene preparada la segunda fase: trasladar el pleito a la escala política: el Comieco, grupo que reúne a los ministros de Economía de Centroamérica quienes tendrían que evaluar que el asunto representa riesgos para la integración del Istmo y para las buenas relaciones políticas entre gobiernos.
Y si aún así se sigue con el proceso, queda la última instancia. La de los jueces internacionales. Tres especialistas mundiales que llegarían contratados por ambas partes para dictar su veredicto inapelable.
"Esto puede generar una posible guerra de demandas y contrademandas entre países, lo cual no es saludable para la integración", dice el funcionario del ministerio de Economía de El Salvador. Tambores firmes.
Costa Rica, por lo tanto, tiene una brasa en las manos. Por una parte debe defender a la empresa de su país, y por el otro lado debe portarse adecuadamente con los hermanos centroamericanos.
Los de Sardimar saben esto. Pero se plantan firme y dicen: "Estamos convencidos de que hemos dado toda la evidencia necesaria para que el gobierno de Costa Rica imponga medidas preliminares a las importaciones de Grupo Calvo mientras esta empresa suministra la información adicional y que se tome la decisión definitiva en tres o cuatro meses".
Entre la espada y la pared, la gente de Calvo también aguarda. Pero tiene otro as bajo la manga: España, la Madre Patria que podría meterse de lleno en el asunto y atraer consigo a la poderosísima Comunidad Económica Europea. Y también tiene a Brasil, porque Calvo procesa en el gigante del sur parte del producto que vende en Costa Rica. Varios flancos que los ticos deberán enfrentar. Flancos que defenderán a la empresa Calvo si consideran que sus derechos están siendo pisoteados con la investigación.
Y mientras la temperatura aumenta, todas las miradas se dirigen a la única voz que puede dar el grito de guerra o extender a sus interlocutores la pipa de la paz.
COSTA RICA, LA VOZ DE MANDO (POR AHORA)
En la oficina de Velia Govaera atiende una chica amable. Se llama Heydi Somoza y es la asistente de la viceministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.
Cuando conoce de las intenciones para hablar con su jefa, intenta "sacarla de una reunión" pero regresa con una respuesta: "No puede atenderlo".
Cuando se le comenta que las declaraciones de un funcionario salvadoreño son fuertes en contra de Costa Rica, la joven trata de nuevo con la viceministra. La respuesta es la misma: "No puede atenderlo".
Horas después, una periodista del diario La Nación, de Costa Rica, le dice a quien esto escribe que el pleito entre Sardimar y Calvo ha suscitado grandes controversias en su país.
"Yo hablé con la viceministra, pero me dijo que al ser ella parte involucrada en la investigación no puede adelantar criterio porque eso podría afectar el proceso". Eso podría explicar las respuestas de la funcionaria.
Lo que la viceministra Govaera sí ha dicho es que "el dumping, por sí mismo, no es condenable, a menos que cause daño a una rama de la producción nacional. El Ministerio de Economía está determinando si ese es el caso", remite una nota de la periodista Hassel Fallas en La Nación, publicada el 8 de septiembre pasado.
¿Se daña la producción nacional de atún en Costa Rica con los precios que pone en ese mercado el Grupo Calvo? Eso es lo que va a determinar Costa Rica.
Los de Calvo aseguran que no, que ellos son parte minoritaria (10%) de ese mercado y que Sardimar lo que no entiende o no quiere entender es que hay que competir con igualdad de condiciones.
Sardimar opina lo contrario. Cuando se le dice que los precios de Calvo en El Salvador son menores a los de Costa Rica responden: "Nosotros no vendemos directamente, operamos en red de distribución. Y eso de tener precios más caros en Costa Rica depende de la cantidad de intermediarios que tengan... así es que los márgenes se van distorsionando".
El Gobierno de Costa Rica sigue en el análisis del espinoso tema. De su decisión dependerá en gran parte los derroteros que siga esta batalla legal. Lo que puede olerse en el ambiente es tan fuerte como los aromas que despiden las latas, de uno y de otro, cuando se abren en las cocinas.
